El Profesor Paradoja |
La corneta del “Corto” Buscaglia
Algunos recordarán al Profesor Paradoja, magistralmente interpretado por Horacio “Corto” Buscaglia, en piezas publicitarias de la lista 1001 para la campaña electoral de 1989. En aquellas estupendas interpretaciones se exponía la contradicción y el disparate en clave política marcando un hito de la creatividad publicitaria electoral que todavía es referencia para muchos.
Hoy parece haberse instalado en los hechos esa ilógica contrariedad nada menos que para considerar una gestión como buena o mala en materia de seguridad. Es que según se mida la gestión por los números fríos de la criminalidad registrada, todos apuran a emitir juicios negativos contra las administraciones frenteamplistas, y, particularmente contra los últimos diez años, con Bonomi a cargo. Al tiempo que –con rapidez e ignorancia- se apuran a batir palmas por la “exitosa” gestión que vienen recogiendo ahora, según sus números.
Pero esa forma de evaluación es demasiado lineal y simple, al punto que evita hurgar las causas que originan el comportamiento criminal y considerar los instrumentos que se usan para combatirlo. Al mismo tiempo, elude –de forma flagrante y malintencionada- considerar el nivel de confiabilidad y calidad de la información registrada. Si una gestión mejora el registro de forma considerable con el propósito de conocer la realidad para poder implementar políticas públicas que den respuesta al resultado que arrojen esos datos registrados, puede estar cometiendo un acto de suicidio político sin pretenderlo. Una especie de disparo a sus propios pies, por cuanto al aumentar la calidad del registro, aumenta los números de denuncias, incidiendo –inevitablemente- en las estadísticas, sin que ello signifique –necesariamente- un demérito para su gestión.
En cambio, si otra administración precariza el registro, haciéndolo menos o directamente inaccesible, incidirá a la baja en la producción de datos sin que ello represente –ni por aproximación- la realidad imperante de la seguridad pública, y, mucho menos, represente algún éxito.
De ese modo, los datos se utilizan para calificar -como positiva o negativa- una gestión; según suban o bajen será la evaluación. Pero eso no garantiza que sea lo correcto ni mucho menos. Mientras una administración mejoró el registro, facilitando la denuncia, para construir mapas del comportamiento criminal que permitieran conocer verdaderamente la realidad y planificar respuestas al respecto; otra no fomenta denunciar y con ello incide a la baja en las estadísticas sin que signifique que haya mayor ni mejor seguridad.
En esa paradoja existencial estamos hoy los uruguayos en materia de seguridad, donde la gestión no se mide como debiera más allá de los fríos datos de las denuncias de delitos, y en cambio, se la califica por un indicador que pretende ser objetivo pero que padece y sufre de una profunda subjetividad.
Parece el mundo del revés, donde un gobierno se atribuye la mejora de la seguridad pública a pesar que no promociona la denuncia, omite información (como las fugas de los centros penitenciarios, por ej.), y sin embargo se mide por datos estadísticos sin considerar contexto alguno, siguiendo criterios propios (y para nada académicos), de presentación de los mismos.
Nos enfrentamos a una paradoja temporal notoria donde aquella administración de Bonomi, que profesionalizó a la Policía, le devolvió dignidad salarial, modernizó su gestión (sistemas de información a nivel nacional, controles biométricos, videovigilancia, Banco de ADN criminal, sistema de comunicación encriptado, mejora en la respuesta policial – modernización del 911, aplicaciones seguras – Emergencia 911; tobilleras electrónicas, tablets; Policía Aérea; armamento, vehículos, etc), no recogió el fruto de semejante transformación en los números fríos de las estadísticas. Esas que reflejaron, lo más cercano que se pudo, una realidad a la que se debía conocer para poder cambiarla.
Paradojalmente (in)seguros
Con la falsa premisa de la mejora de los números atribuida a su gestión, el actual gobierno omite los efectos de la pandemia que incidió –académicamente comprobado- en la conducta criminal no sólo del Uruguay sino del mundo entero. Encima, a ese dato objetivo que nos aporta la academia internacional (en la que participaron representantes uruguayos), se le debe sumar una precarización del registro criminal como no se hizo en la pasada administración, que lejos de ellos, profesionalizó y profundizó el registro de denuncias.
El cese de estudiantes becarios en las comisarías es un indicador del desinterés por mejorar el registro, sustituyéndolos por retirados policiales que lejos de mejorar empobrecen los datos. Y en algunos casos, volviendo a los cuadernos en lugar del registro informático que se instaló en todo el país. A eso se suma un desinterés manifiesto en la promoción a denunciar, no hay campañas ni estímulo a la denuncia como se hacía antes desde la figura del propio titular de la cartera hasta el policía que acudía a un evento con la tablet para hacer el registro en el lugar de los hechos. Y eso sin contar la acción manifiesta y confesa de primeros actores que registran lo que ellos quieren (Jefe de Policía de San José), u omitían registrar delitos (abigeato) porque “si no, los matan con las cifras” (ex Coordinador de Jefatura de Maldonado, hoy preso).
Entonces, con este estado de situación, ¿cómo es posible que sin hacer objetivamente nada en favor de mejorar la seguridad, se atribuyan una mejora por datos que no ponderan ni representan verdaderamente lo que está pasando actualmente en el país?
Resulta llamativo que en materia penitenciaria por ejemplo se siga promoviendo un plan de dignidad carcelaria que solo ha recogido datos escandalosos de muertes bajo custodia que ya son récord absoluto. Del mismo modo, la eficacia publicitaria de la cartera es manifiesta en lo que a fugas se refiere, hay cero fuga pero no porque no existan sino porque ya no las comunican.
Con los delitos pasa parecido, si precarizo la denuncia, dificulto las posibilidades de recibirlas (cientos de denuncias se viralizan por las redes manifestando que ya no las toman en el lugar indicando que deben acudir a una comisaría), eso desestimula a denunciar y así se terminan bajando los eventos que registra el Sistema de Gestión de Seguridad Pública de la Policía, el SGSP, que es la fuente de la que se nutre el Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior.
La paradoja es notoria, y tuvo que venir el gobierno multicolor para dejarla de manifiesto, con la complicidad de los medios de prensa que ya no hacen foco en el delito sino en la operativa policial, como bien refiere el sociólogo Paternain en una columna de La Diaria, por ejemplo.
Como decía Campoamor, nada hay verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira…
Mientras tanto, me parece sentir el sonido de la corneta del Corto y su grito de ¡Paradoja!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario