Baja de delitos y corrupción policial

Fuente imagen: transparency.org

La caída de las denuncias de delitos tan sobrevendida por esta administración se da de frente con un incremento notorio de la corrupción policial que nada bien le hace a la institución a la que se le confiere nada menos que el uso legal de la fuerza pública. Es que promocionar una caída de las denuncias al tiempo que se revelan sonados casos de corrupción policial lleva a sembrar un manto de dudas más que razonable sobre la veracidad de las cifras tan promocionadas. Cuando todavía resuena el audio del ex Coordinador de la Jefatura de Maldonado pidiendo que no registraran unos abigeatos porque si no “los matan con las cifras”, el affaire de la Jefatura de Cerro Largo con la “renuncia” de su Jefe, llevan a profundizar aún más las dudas sobre la realidad de la seguridad pública. Es que los datos que el propio Ministerio ha difundido hasta hoy, dan cuenta de un incremento notorio de la violencia en el último trimestre (julio-agosto-setiembre), coincidentemente con el aumento de la movilidad y el paulatino retorno a la normalidad de la actividad comercial. Si el dato mata al relato, los hechos acaecidos en las últimas semanas (que se suman a otros tantos que llevaron a la remoción de varios Jefes de Policía), dejan en una incómoda situación a la cartera en cuanto a la credibilidad de los datos registrados bajo la gestión de los cesados por actos de corrupción flagrantes. Lo más triste de todo esto es que lejos de promover una política de Estado que permita atender la seguridad sin fines electorales, han optado por el camino contrario y desandado una ruta que había transformado la cartera dando franca y frontal lucha a la corrupción, esa que hoy vuelve por sus fueros. Así está hoy la Policía, tristemente golpeada en su credibilidad, horadada –nada menos- que por la conducta de quienes fueron elegidos para comandar la nueva gestión. Algo huele muy mal y todo parece indicar que esto es solo el comienzo…

Opacidad informativa

Hay algo que se debe considerar y tener muy en cuenta en la nueva forma de informar que tiene la cartera. Se hace especial énfasis –en cada presentación sobre cifras- titulando como “denuncias” de delitos. Algo que puede pasar inadvertido pero que seguramente –llegado el momento- hagan valer en su literalidad. Al hablar de denuncias deberíamos tener claro que se habla de lo que se comunica a la autoridad, pero que ello no representa la realidad absoluta de la seguridad pública. Y no la representa porque basta con no promover la denuncia para que los números desciendan y ello no significa que mejora la seguridad. Al igual que por el contrario, estimularla al punto de reducir de forma drástica la cifra negra de no denuncias, implique que la seguridad empeora. En suma, con esto quiero decir que las cifras de denuncias de delitos son un dato que puede acercarnos a una realidad pero no a la realidad misma; para cerrar ese círculo es necesario complementar con encuestas de victimización que son las que permiten aproximarnos (tampoco de forma absoluta), a esa realidad que se intenta promover como cierta a través de los números.

También hay que considerar la percepción de los habitantes, es decir cómo vive cada uno ese entorno en el que se desempeña y se relaciona. Percepción que también se construye recibiendo mensajes que se disparan a través de diferentes emisores, entre los cuales los medios de prensa hegemónicos juegan un papel fundamental. Es cierto que hoy las redes sociales vinieron a eludir, en parte, ese direccionamiento que ejercen los medios imponiendo una agenda noticiosa, pero siguen teniendo el privilegio de entrar sin pedir permiso en cada hogar. Así las cosas, la merma de la información policial que sufren los noticieros en horario central, o la desaparición casi que absoluta de los titulares de la crónica roja (ya no hay fines de semana trágicos como antes, a pesar de situaciones iguales o peores de violencia extrema ocurridos hace pocas semanas), abonan a correr el foco de la atención ciudadana que sigue padeciendo los mismos o peores eventos de inseguridad, pero ya no tan mediatizados.

Por eso es que se hace imperioso ejercer control ciudadano, y estar atentos ante la omisión de informar algún caso, para que sea la propia ciudadanía la que exija la información. Así ocurrió por estos días con el caso de una anciana del barrio de la Unión, que fue copada por varios días en su casa, desvalijada por delincuentes y que de no ser por los vecinos que advirtieron la situación nadie se hubiera enterado. Una vez denunciada, la Policía encontró a la víctima tendida en el suelo, con heridas que le provocaron la muerte. La noticia no se conoció hasta pasados varios días del incidente y ante la insistencia ciudadana que contactó medios de prensa y sólo uno se hizo eco – Telemundo de Canal 12- lo que generó la indignación de los vecinos. Los mismos vecinos que reconocen que ahora el celo por informar descendió al influjo del interés de las nuevas autoridades por “vender” un estado de situación de la seguridad que es absolutamente irreal.

Corrupción policial, el veneno

A Bonomi le criticaron siempre, desde el inicio mismo de su gestión, cuando abandonaron rápidamente aquel acuerdo multipartidario al que siguió como guión al punto de darle cabal cumplimiento a todo lo acordado Si algo hizo punta en su gestión, fue el combate a la corrupción policial. Un flagelo que padecía una institución dañada por la desidia y el abandono institucional de décadas.

En ocasión del discurso de asunción, en Marzo de 2010, propuso una serie de cambios y prometió devolverle la dignidad a la función policial. Pero, al tiempo de hacerlo fue muy claro advirtiendo que ello no sería gratis, en contrapartida sería inflexible con la conducta de cada policía y el compromiso en la función que estaba dispuesto a mejorar a cambio del mismo. Así cumplió, devolviéndole la dignidad perdida en salario, capacitación, vestimenta, tecnologías, vehículos, y armamento. Todos esos ítems a cambio de mejorar la respuesta de los servicios en favor de los habitantes. Entre esas medidas, el frontal combate a la corrupción policial llevó al cese de casi 300 policías por año, una cifra récord que permitió depurar los cuadros policiales y dar el claro mensaje de cumplir aquella promesa vertida en 2010: no sería gratis.

Hoy se ha procesado una especie de purga en los cuadros policiales de la anterior administración, las autoridades entrantes descabezaron las cúpulas y trajeron viejos cuadros que, a la desactualización notoria de sus capacidades, sumaron viejas prácticas que empezaron a desnudar el nivel de corrupción que los impulsaba. Seguramente el desconocimiento llevó a confiar en quienes no merecían esa confianza. Le pasó al fallecido Larrañaga y lo padece hoy el ministro Heber. Pero cuando son tantos los casos que se acumulan es evidente que hay una falla superior a la que debería responder el Director de la Policía Nacional, que es –en definitiva- quien sugiere los nombres para la operativa (o al menos debería sugerir). 

Es notorio que se tomaron decisiones basados más en la confianza política que en la capacidad profesional, diametralmente opuesto a como había ocurrido en la década pasada, cuando a nadie se le preguntaba a quién votaba.

Hasta tanto no se entienda a la seguridad como una verdadera cuestión de Estado, se la pretenda manejar cual botín electoral y se decidan cargos según la orientación política, seguirá habiendo una puerta abierta al peor enemigo que tiene hoy la gestión pública: la corrupción.

El peor legado será la desconfianza que empieza a generarse a partir de estos episodios que llevaron a la remoción de las principales jerarquías de varias jurisdicciones policiales del país. Y ya se sabe que si no hay confianza en la Policía, bajarán las denuncias en forma notoria, desandando un camino construido a base de capacitación y mucho profesionalismo. Aumentará la cifra negra de eventos no denunciados, y –en consecuencia- los datos que pueda aportar la cartera ya no tendrán (ni siquiera por aproximación), un valor referencial.

Lo peor que deja el flagelo de la corrupción es una crisis de confianza tanto hacia adentro de la fuerza (algo que ya han denunciado los propios sindicatos policiales), como hacia afuera, con una ciudadanía que tendrá recelos fundados antes de radicar una denuncia.

Bajan los delitos, pero ¿quién te hace los números? 

el hombre contaba renuncias,

el perro se tapaba la cabeza con las patas…