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Cifras y realidad
La primera y mayor mentira tiene que ver con la seguridad, esa que tanto rédito les dio cuando eran oposición y que no han podido cambiar ni un poco. A pesar de contar con casi dos años de pandemia a su favor, (que bajó -en todo el mundo- el accionar criminal producto de la baja movilidad social y la merma en la actividad comercial), el efecto rebote fue un golpe de gracia a una administración que desperdició ese tiempo creyéndose que la baja era por méritos propios y no del covid-19.
Un tiempo desperdiciado en prepararse para lo que se venía y que fue abonado por acciones complementarias que completaron el combo perfecto para una criminalidad que, siempre, está varios pasos adelante.
Porque todo tiene su razón de ser y las cosas no ocurren por el mero azar. Hoy el país es un lugar estratégico para la salida de la droga que produce la región y el puerto de Montevideo se convirtió en un punto central de la logística del narcotráfico que exporta grandes alijos a Europa. Dejamos atrás el país de tránsito para convertirnos en país de acopio, un lugar donde se almacena para luego enviarla a Europa a través del puerto. Todo en un cuasi perfecto esquema al que, por acción, omisión, impericia, negligencia o vaya uno a saber qué, fue ensamblándose para permitir este estado de situación que hoy vivimos.
A poco de iniciar esta gestión el entonces ministro de Transporte – Luis A. Heber- eliminó el SICTRAC (Sistema Integral de Control de Transporte de Cargas), lo que originó no solo accidentes fatales sino el incremento del transporte de cargas desconocidas y de dudosa procedencia. Nadie sabe lo que circula por las rutas nacionales y esa es -sin duda- una, sino la principal, razón del pasaje de país de tránsito a país de acopio. Es perfectamente posible pensar que ese libre tránsito fue rápidamente advertido por el crimen organizado que si algo sabe es aprovecharse de las debilidades de los controles para hacer su negocio. Esa libre circulación llevó a que ingresaran cargamentos de drogas que necesitaban acopiarse para poder, luego, ser derivadas al exterior a través del puerto.
Ese primer paso llevó a muchos otros como ser dotar de verdaderos ejércitos para resguardar esos cargamentos debiendo contratar mano de obra a la que se le pagaba con parte de esa droga acopiada. Droga que abastecería las bocas de microtráfico, con las consecuencias de un incremento notorio de la violencia criminal que surge a partir de las disputas de los territorios donde actúan.
Un combo que también tiene su origen fuera de fronteras como fue la entrega del pasaporte a Marset, gerente de la hidrovía Paraná- Paraguay- Uruguay, ruta por la que llega la droga a nuestras tierras y que se comparte con el puerto de Rosario. Este episodio combinado con la entrega del puerto de Montevideo por 12 períodos de gobierno (60 años), va cerrando su esquema de perversidades posibles. Y si faltaba algo más, la demora en la instalación de los escáneres es otro aspecto para considerar: les llevó todo el período instalarlos (dejaron sin efecto una licitación pronta que dejó la administración anterior por un escáner para acordar la compra de estos tres), que llegan a ser instalados recién al final de su mandato. ¿No se pudo planificar con antelación la obra civil necesaria para su instalación? Dudas razonables que nos quedan flotando sin respuesta, salvo la triste confirmación de haber convertido al puerto de Montevideo en un puerto sucio por el que sale la droga con destino a Europa.
Fuera de control
Si uno se pone a pensar en todos esos aspectos, no era difícil imaginar los índices de violencia extrema que hoy soportamos donde la guerra entre pandillas ha llegado a niveles impensados, de los que aún estamos muy lejos siquiera de imaginar. Porque vendrán más episodios en procura de vengar los muertos de uno y otro bando.
Mientras este panorama acontece, el ministro Martinelli afirma que los delitos bajaron, ante la incrédula mirada de los uruguayos que asisten a otra realidad muy distinta de la que presume el ministro. Si hasta parece cosa del diablo que salga a difundir las cifras y tenga casi como respuesta el homicidio de un niño de 1 año en una guerra de clanes del Cerro Norte, junto a varios homicidios más producto de sendas rapiñas.
No se trata, tampoco, de endilgarle la culpa de los hechos al ministro, pero si razonáramos como lo hizo él siendo oposición deberíamos hacerlo… pero no. Lo que sí podemos es responsabilizarlo por la omisión de haber dejado pasar tanto tiempo sin acudir a los acuerdos que ahora reclaman y, mucho menos, haber permitido la degradación de la seguridad por ser omisos a la hora de gestionar.
Porque la videovigilancia, si no se complementa con visualizadores no sirve para otra cosa que para llevar una filmación como prueba (en el mejor de los casos), pero no previene ni evita nada. El PADO, desnaturalizado y deprimido, tampoco sirve; creado para el combate al delito en los puntos calientes, fue perdiendo efectividad con medidas tomadas por esta administración que lo volvieron inoperante. Hoy la sociedad reclama que vuelva el de su creación, ese que permitió -efectiva y comprobadamente- bajar los delitos en sus puntos de intervención.
Hay un candidato que reclama conocer los equipos de seguridad del FA pero se olvida que integra una coalición que es la única responsable del notorio deterioro en la seguridad que lo tuvo como protagonista. Reitero, con casi dos años de pandemia a favor cierran su ciclo con cifras récord de homicidios que ya superaron ampliamente al último quinquenio frenteamplista. Y dejan un país mucho peor al que recibieron en este aspecto.
La inseguridad no la resuelve la Policía, no se trata de una cuestión meramente represiva. La represión es la última fase de un proceso que arranca mucho antes y que es donde hay que actuar.
Hay que empezar a construir otra forma de acceder a la seguridad, es hora de que empecemos a construir redes seguras y transversales que permitan el normal desarrollo de las comunidades y sus entornos. Lugares donde las oportunidades sean para todos y no solo para algunos pocos, donde la equidad sea la regla y donde todos puedan acceder a esas oportunidades sin privilegios.
Por eso la primera infancia es una prioridad, porque allí es donde la inversión de calidad se multiplica y el país tendrá un beneficio asegurado.
No se trata de meros eslóganes de campaña ni de bravuconadas electoreras, sino de verdaderas acciones que empoderen a la gente a ser protagonista de su destino. Hay que apostar a la convivencia como primera medida, a ocupar los espacios públicos y generar redes de confianza que permitan el desarrollo de todos sin excepciones.
La seguridad es una cuestión que nos interpela a todos, pero necesita de un gobierno que aporte lo suyo para generar esos ámbitos seguros. Ya vimos que el derrame no funciona si no hay un Estado fuerte y solidario que distribuya mejor los recursos que genera.
Hay que repartir mejor para disfrutar la vida en sociedad, porque “naides es más que naides”, pero menos tampoco.
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