“Descalabrio” total

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Llegando al final del mandato la seguridad -a pesar del relato oficial- está mucho peor y no alcanza el maquillaje oficial para disimular el espanto que representa despertar cada día con noticias de asesinatos a cuál de ellos más violento. Algunos voceros oficialistas (que tuvieron que irse de manera vergonzosa por la puerta de atrás), esgrimen como excusas de la pésima gestión de la que fueron parte, a la herencia de la gestión frenteamplista. Aquella frase del presidente de la República que refería a que culminado el primer año de gobierno no le podrían echar la culpa a nadie más que a ellos mismos, quedó en el olvido. Un olvido selectivo por supuesto que no es de recibo para quienes recordamos muy bien las promesas incumplidas de los que nunca estuvieron preparados para ser gobierno. 

De lo que pueden hacerse autores absolutos es del descalabro que dejarán al fin del período, pues la verdadera herencia que recibieron la han destruido con total éxito. Destruyeron equipos de profesionales y pusieron al frente a mandos que terminaron cesados o presos; sacaron a los policías de las calles para encerrarlos en las comisarías; el PADO se desnaturalizó por completo; los visualizadores son meros colectores de pruebas de delitos consumados, la prevención brilla por su ausencia; los becarios son historia, las víctimas de delitos lo menos que quieren es ir a una comisaría a radicar una denuncia, y así estamos.

Récord histórico

El “descalabrio” empezó ni bien asumieron con la desarticulación de equipos de profesionales que cometieron el pecado de trabajar durante la gestión frenteamplista. Con esos antecedentes destruyeron una de las pocas -sino la única- política de Estado en materia de seguridad que había dado sobradas pruebas de su aplicación más allá de los gobiernos de turno. 

Pusieron a la vieja guardia al frente de la Dirección de la Policía Nacional y, como no podía desentonar, también siguió los pasos de los “descalabrados” escribientes que se esmeran en ponderar los fracasos de una calamitosa y “descalabrante” gestión. Justo quienes se aprovecharon de lo heredado (tecnologías y reformas estructurales), y de dos años de pandemia que les bajó las cifras (como al resto del orbe), atribuyen a la gestión pasada la responsabilidad que les cabe -esta sí- por mérito propio.

Quien no supo administrar la cartera en su momento e hizo parte del descalabro que dejarán en la misma, se atreve a hablar de herencia cuando hizo parte de una gestión que es la única responsable por acción y omisión, conjuntamente. 

Porque, ¿quién si no este gobierno es el responsable de tomar medidas que lejos de complejizar facilitaron el lavado de activos? ¿Acaso habilitar la circulación de más de 100 mil dólares en efectivo sin rendir cuentas de su origen no es una medida que contradice la idea de control de lavado de activos como se pregona? 

De los exitosos operativos mejor ni hablemos. Todavía recordamos aquella ridícula escena donde una avioneta esquivó a un helicóptero permitiendo su huida, en un operativo para el olvido que ridiculizó a las fuerzas de seguridad uruguaya.

Y pensar que nuestro país supo contar con un destacado policía - Mario Layera- que mereció un reconocimiento internacional nada menos que de la DEA, otorgándole la medalla de oro por tener en su haber el mérito de haber concretado con éxito todas las operaciones coordinadas con esa agencia internacional. Un reconocimiento que destroza la andanada mediática que lanzaron en su momento tras la decisión de dicha agencia de utilizar la sede argentina para futuras coordinaciones con Uruguay. 

Tampoco nos olvidamos de la ministra Azucena Arbeleche revelando información sensible que frustró una operación de la misma agencia, algo que se cuidan de recordar los oficialistas defensores de la debacle.

Este quinquenio cerrará -lastimosamente- como el período récord en homicidios, superando ampliamente el último de gestión frenteamplista. Y lo hará contando en su favor con dos años de pandemia, período que desaprovecharon para reforzar y construir verdaderas políticas de seguridad. En su lugar, hicieron burda propaganda de una gestión exitosa que rápidamente se esfumó, como lo que fue: humo. 

Cifras increíbles

Por más que insistan ya nadie les cree, basta con el relato -real- de alguna víctima, para echar por tierra cualquier intento de hacer valer una estadística herida de credibilidad por obra y gracia de los gestores actuales. Los mismos que acribillaron las estadísticas oficiales siendo oposición, hoy las defienden, pero…

La gran diferencia está en la gestión misma, porque la última administración frenteamplista si algo tuvo como característica fue el fomento de las denuncias. No hubo reunión de Mesas Locales en las que el ministro Bonomi no convocara a los asistentes a denunciar cuando eran víctimas de algún delito. Pero no se quedó en un mero pedido, sino que se complementó con la incorporación de tecnologías (tablets, denuncia en línea), a las que se sumaban campañas de difusión en igual sentido. La razón no era otra que contribuir con información útil para la confección de los mapas de calor que darían razón y fundamento al patrullaje del PADO (Policiamiento de Alta Dedicación Operativa) que fue eficaz en la baja -esta sí real y comprobada- de los delitos en las zonas en que fue aplicado.

Así las cosas, la participación de la ciudadanía -a partir de la denuncia- fue un aporte sustancial en la lucha contra la delincuencia. Claro que tenía el adicional de representar la realidad con un aumento significativo de las denuncias que fue aprovechado entonces para demonizar la gestión de Bonomi.

Con ese antecedente claro, las actuales autoridades leyeron la realidad y rápidamente comprendieron que para bajar las denuncias bastaba con no registrar o dificultar el registro para que bajaran las cifras oficiales. Así, vendieron la falsa imagen de una realidad que no es tal, bajaron las denuncias, pero los delitos no solo aumentaron, sino que la violencia asociada con los mismos hoy es brutalmente superior.

Esto es solo una parte del descalabro abrumador de una gestión que empobreció el salario policial; que retaceó la entrega de uniformes al último año (pasaron 4 sin entregarlos); con chalecos vencidos; sin balas para los uniformados; con problemas de gestión del parque automotor; con debilitamiento de los sistemas de control (SISCONVE sin geolocalización); con la videovigilancia subutilizada (escasos visualizadores y uso no prevencional del sistema); retiraron a los becarios de las seccionales para poner retirados policiales alejados de las nuevas tecnologías administrativas; entre otras acciones que deprimieron la gestión.

Los gestores de este desastre, renunciados por mentirle al Parlamento -entre otras cosas- se atreven ahora a dar cátedra como si hubieran resuelto el problema de la inseguridad cuando hicieron todo lo contrario. Ese fue y será su gran error, no haber asumido que se equivocaron y que lejos de terminar cualquier recreo, dejarán una situación tristemente empeorada.

Mientras tanto, los uruguayos seguimos asistiendo al deterioro social que suma muertes y violencia sin que haya en el horizonte una respuesta mínimamente efectiva.

El “descalabrio” es total…

el hombre no daba crédito,

el perro cobraba cuentas…