Por Carlos Peláez
2da. Parte
Eran casi las 10 de la noche de un caluroso día de enero de 1994. La redacción de Estediario en Maldonado estaba cerrando la edición dominical. El Sub Editor, Fernando Salazar, recibe una llamada. La redacción se detiene cuando el colega relata el tenor de la información que le acababa de proporcionar el médico forense de Rocha, Dr. Roberto Méndez Benia.
Un hombre con discapacidad intelectual, llamado Julio Pereyra Molina y conocido como “Peteco”, acababa de suicidarse en dependencias de la comisaria de Rocha. Pero si el hecho en sí era grave, cobraba otra importancia porque el forense señalaba que dos efectivos de la policía lo habían inducido al suicidio con el objetivo de quedarse con sus propiedades.
Inmediatamente Salazar ubicó al juez Letrado Dr. Luis Charles, actuante en el caso y que esa hora descansaba en La Paloma. Y si bien el magistrado no quiso referirse a posibles motivaciones del suicida, si confirmó la existencia de un cúmulo de “cosas raras” que ameritaban una investigación.
Al otro día, el doctor Méndez Benia viajó hasta Maldonado para mantener una reunión con Salazar y éste cronista, que entonces se desempeñaba como Editor y Redactor Responsable del periódico. El médico explicó todas las circunstancias de su conocimiento y agregó una serie de datos muy importantes de su entero conocimiento. De común acuerdo grabamos una entrevista y nos dio autorización para publicarla en la edición del lunes.
Este no es un dato menor para entender luego otras secuelas.
Méndez Benia señaló al Inspector de Policía Wilson Nuñez Cal y al Sub Oficial Mayor Pedro De León como los responsables del “suicidio inducido”, según señaló, de Peteco con el objetivo de quedarse ilegalmente con un importante local de La Paloma, propiedad del fallecido, donde ambos policías tenían una mueblería.
Pero además, los acusó de “contrabandistas, coimeros y extorsionadores”.
Sin embargo nada era tan sencillo, a pesar de su evidente complejidad, porque la investigación periodística consiguiente reveló la existencia de una red de corrupción que vinculaba al entonces Jefe de Policía rochense; a un actuario y escribano del juzgado letrado de esa ciudad; a una Fiscal, a Jerarcas de la Dirección de Investigaciones y hasta a un Psiquiatra de Maldonado.
El Jefe de Policía era extorsionado por jerarcas de Investigaciones; el escribano-actuario se prestó para escriturar el bien obtenido ilegalmente; el psiquiatra de Maldonado se prestó para hacer lo que ningún psiquiatra de Rocha quiso: extender un certificado de incapacidad de Peteco, imprescindible para que los dos policías siguieran “administrando” el local de La Paloma.
La Fiscal a su vez era amante de uno de los jerarcas de Investigaciones e intentó por todos los medios desvirtuar las acciones judiciales.
Ese lunes Rocha amaneció conmocionada. No se hablaba de otro tema porque tanto el muerto como los policías eran personas ampliamente conocidas en el lugar. Inmediatamente los dos policías recurrieron a los abogados Luis García Decuadra y Humberto Alfaro para iniciar un juicio por difamación e injurias contra Estediario.
Transcurrió casi un mes para que se iniciara el primer juicio oral y público en la historia de ese departamento.
Durante ese mes, las periodistas Grazziella Fernández y Magela Altier, responsables de la Redacción de Estediario en Rocha, fueron reiteradamente amenazadas por diferentes funcionarios policiales. Eran acosadas en sus domicilios mediante reiteradas llamadas telefónicas nocturnas o golpeando las puertas de sus casas, a veces durante toda la noche, mientras desde fuera se proferían insultos soeces contra ellas.
Ese mismo descubrimos que De León había otorgado un recibo por una coima pagada por una pareja que trasladaba por ruta 9 un pequeño contrabando de comestibles. El seguimiento realizado nos permitió descubrir la existencia de un enorme galpón en las afueras de la ciudad donde Nuñez Cal , acumulaba una enorme cantidad de tablones de madera ingresados de contrabando desde Brasil. Pero no era el único. Poseía otros cinco lugares donde escondía maderas por valores millonarios.
También supimos que había sido detenido un vehículo conducido por la esposa de un suboficial y en el que se trasladaba un voluminoso contrabando. Pero el auto fue devuelto, la mujer liberada y el policía que los detuvo sancionado.
En otra oportunidad el sub oficial, esposo de esta contrabandista, atropelló a un ciclista con la camioneta en la que llevaba otro enorme contrabando de margarina. Envió a su esposa a recoger al ciclista y luego le ofreció dinero para que no declarara contra ellos. A esta altura ustedes, amigos lectores, ya habrán deducido que este Sub Oficial no era otro que Pedro De León.
El mismo que en medio del juicio por él iniciado intentó sobornar a un testigo con tres mil dólares para que no declarara contra ellos.
Pero también descubrimos la existencia de una enorme cantidad de policías honestos que hartos de ser atropellados por estos delincuentes, se convirtieron en informantes privilegiados de quienes investigábamos los hechos.
El juicio penal se desarrollo durante dos días y fue dirigido por la jueza Claudia Di Perna. La primera acción canallesca la llevo adelante la fiscal Norma Carrasco, quien decidió eximir de culpa y cargo al médico Méndez Benia; rechazar como prueba la grabación de la primera entrevista realizada al forense en Maldonado con su anuencia y continuar las acciones contra este cronista como Redactor Responsable. De un plumazo nos dejó sin posibilidad de presentar pruebas y sin testigos.
Pero la denuncia era tan contundente y tan imprecisas las respuestas y acusaciones de los dos policías que la magistrada decidió decretar nuestro sobreseímiento y archivar todas las actuaciones.
Luego vino una investigación del Ministerio del Interior contra los dos policías que fueron separados de sus cargos.
Sin embargo nunca fueron procesados por alguno de los delitos mencionados.
Y justo hace dos días nos dimos cuenta como se tejió esa red de impunidad. Hace 20 años no sabíamos que De León era miembro del Partido Nacional. Igual que el Jefe de Policía, que dos jerarcas de Investigaciones; que uno de sus abogados; que el entonces Ministro del Interior: igual que el entonces Intendente que lo tenía como amigo de privilegio. E igual que el entonces Presidente, quién seguramente se enteró de todo este lío por los diarios.
Este aspecto lo cito a propósito no para agraviar a los blancos, sino para señalar que pese a conocer el prontuario de De León igual le permitieron acceder a importantes cargos políticos.
Y seguramente no es el unico que esta en la joda total, en el puerto de Montevideo, con lo que esta pasando en la descarga de "residuos" de los cruceros, residuos que la gran mayoria no son tales y si es mercaderia de todo tipo deshechada por pequeños detalles, la empresa que deberia retirarlos, lo hace si, pero para fuera del recinto portuario y en camiones por el porton de acceso Colombia con la complicidad de los aduaneros alli apostados. Esto es desde hace años y en TODA la temporada de cruceros. Y hablo de vajillas completas, colchones en cantidades importantes que cambian los barcos aqui, reposeras de todo tipo, muebles, aparatos, en fin lo que se les ocurra y hasta a la gente de ANP les niegan llevar aunque sea una silla o reposera, esa es la impunidad que goza esta gente desde hace varias temporadas y nada se hace por parte de las autoridades, con el detalle que el actual presidente del Puerto esta en el cargo desde hace mas de 10 años y antes era gerente de operaciones portuarias, es decir, de el dependia directamente todo lo que pasaba en el recinto, ES LO QUE HAY Y ES LO QUE VEMOS TODOS ALLI DENTRO.
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